Ponència en el VI Congreso internacional “Historia de la  Transición en España, celebrat a Almeria del 16 al 18 de juny de 2015

Algunos antecedentes históricos.

La sociedad catalana experimentó cambios muy substanciales a lo largo del siglo XIX. La proximidad a Francia propició la difusión de las ideas de la Revolución Francesa que calaron en algunos sectores minoritarios pero que se convirtieron en la base del futuro desarrollo del pensamiento liberal y especialmente del republicanismo federal. Asimismo la Revolución industrial facilitó el desarrollo de los movimientos de defensa de los trabajadores desde las más elementales sociedades de socorros mútuos hasta un movimiento obrero más articulado especialmente a partir del momento del asentamiento y desarrollo de las secciones locales de la Asociación Internacional de Trabajadores, la Primera Internacional. Por otro lado la recuperación cultural, literaria y lingüística, el movimiento de la Renaixença, vino a sumarse de forma transversal a una sociedad en la que la burguesía y las elites dirigentes necesitaban también una proyección cultural. La complejidad y la mezcla de todos estos factores impulsó la creación de ateneos, sociedades obreras, casinos, entidades corales, grupos excursionistas, al tiempo que empezaban a proliferar las expediciones científicas en busca de las raíces geológicas, paisajísticas, de cultura popular, patrimoniales y en definitiva espirituales de una identidad en claro proceso de reconstrucción. Para algunos una identidad milenaria construída a partir de continuidades y discontinuidades, avances y retrocesos; para otros el siglo XIX habría sido el caldo de cultivo óptimo para la construcción (no la reconstrucción) de la identidad y la invención de la tradición.

Los movimientos populares orientaron sus preferencias hacia el republicanismo federal o la lucha obrera, y la politización extrema de algunos dirigentes explícitamente demócratas tuvo un tropiezo en la experiencia frustrada y a medias de la Revolución de 1868, la Constitución de 1869 y la Primera República. Simultáneamente la burguesía industrial en grados diversos y las clases medias amparándose muy directamente en el movimiento literario de la Renaixença orientaron sus pasos hacia una politización creciente que se expresó en formas diversas, bien planteando quejas y agravios a la monarquía (1885) bien formulando las bases de una constitución regional catalana en las llamadas Bases de Manresa de 1892. Finalmente el catalanismo político a través de su orientación más específicamente regionalista concretó un proyecto político que empezó su andadura en las elecciones de 1901 con la llamada candidatura de los cuatro presidentes que fue el punto de ruptura con el sistema de la Restauración y el turno de los partidos al tiempo que era la reacción airada de una parte de la sociedad catalana por el fiasco tremendo de 1898 con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.

El catalanismo político en el siglo XX.

Estos someros antecedentes me sirven de pauta para recordar una secuencia singular, simplificada, de la evolución del catalanismo político a lo largo del siglo XX marcada muy profundamente por la alternancia de momentos de máxima euforia y unidad seguidos de graves crisis en las que cada vez tendría un papel mayor la vertiente anarquista del movimiento obrero.

Así a los cinco años de la candidatura de 1901 el rechazo a la guerra de Marruecos y la constante interferencia de las autoridades militares en la vida de la sociedad catalana condujo a un primer momento de máxima efervescencia catalanista que se concretó en el movimiento de la Solidaritat Catalana. Las manifestaciones de patriotismo unitario y la aparente unanimidad de la sociedad catalana ante esta propuesta unitaria se truncaron al poco tiempo cuando se desencadenó la crisis de 1909 con los episodios destructivos y sangrientos de la Semana Trágica que se convirtieron en un auténtico mazazo en las conciencias bienpensantes de amplios sectores de la burguesía aturdidos por un estallido social que no habían sabido prever.

De nuevo el catalanismo tuvo un momento de auge unitario al amparo de una idea simple pero eficaz de Enric Prat de la Riba, la Mancomunitat, que consistía en unificar políticas y unir presupuestos de las cuatro diputaciones catalanas; por este medio se desarrolló y fijó un programa de modernización cultural, educativa, económica y de infraestructuras del que ha vivido durante mucho tiempo Cataluña. La lucha por conseguir la Ley de Mancomunidades ya fue una batalla desigual ante la incomprensión manifiesta de las estructuras del Estado e incluso de la propia Monarquía. La Mancomunitat desarrolló su actividad desde 1914 hasta la Dictadura de Primo de Rivera pero vivió los momentos de máxima efervescencia ante las crisis de los gobiernos estatales y la campaña para la obtención de un Estatuto de Autonomía que congregó las energías de las instituciones incluyendo de forma muy explícita el mundo municipal en el año 1917. Esta movilización coincidió con la crisis de la Asamblea de Parlamentarios aunque las movilizaciones obreras muy especialmente en 1919 con la huelga de la Canadiense dieron al traste con esta nueva tentativa de signo unitario e institucional del catalanismo político.

La gran oportunidad, saldada con una severa derrota y una represión descomunal y de planteamientos aniquiladores, llegó con la proclamación de la II República y su desenlace al final de la Guerra CIVIL. La euforia inicial y radical cedió a una tentaviva cansina de negociación parlamentaria del texto del Estatuto finalmente aprobado en 1932 después de muchas tensiones y de discursos de descalificación que hacían presagiar una incomprensión manifiesta de las expectativas y las esperanzas que albergaba, ahora si con una amplia mayoría social, la sociedad catalana. Los episodios de la revolución de octubre de 1934 y el desarrollo de los primeros compases de la guerra civil con el estallido revolucionario de julio de 1936 para intentar abortar, con éxito, el  intento de sublevación militar en Barcelona, y el posterior desarrollo de la Guerra Civil desembocaron en la práctica liquidación del catalanismo entre enero y febrero de 1939 y la represión posterior.

Aduzco estos antecedentes porque creo que existe una clara repetición de dinámicas, en contextos diversos y distintos, por las que la intransigencia, la incomprensión y el bloqueo por parte de las autoridades estatales habrían alimentado la decepción primero y la desafección más tarde. Bajo el franquismo, durante la transición y finalmente, en el período largo de autonomía entre 1980 y la actualidad con una serie de momentos de grave confrontación a los que ha seguido sistemáticamente un crecimiento del sentimiento identitario y de la creciente radicalización de los planteamientos del catalanismo político. Finalmente ante la frustración del modelo autonómico y el pacto constitucional  asistimos a su concreción en una mayoría social de signo soberanista que hoy marca una sociedad en efervescencia, en ebullición, con serias contradicciones y con tensiones magnificadas y alimentadas desde sectores intransigentes que pretenderían alterar un marco de convivencia y cohesión social.

Los años de la Transición, 1975-1980.

Con una visión retrospectiva y con un conocimiento y análisis del desarrollo de los acontecimientos hoy parecen del todo insostenibles las tesis sesgadas de aquellos que querrían ver en la Transición Española un modelo preconcebido y elaborado que se aplicaría modélicamente y daría lugar a una “transición ejemplar”. Ocurre lo mismo con los que desde posiciones extremas, con algún apriorismo revisionista y con voluntad de deconstruir la Transición creen ver un modelo de adaptación del franquismo y de apropiación de los discursos, de la memoria y de las interpretaciones por parte de unas élites dirigentes que se erigirían en los protagonistas de un cambio aparente de caràcter lampedusiano para que todo  cambiara sin que cambie nada. Este es el planteamiento de un estado de la cuestión elaborado por Pere Ysàs donde concreta que hemos adquirido nuevos conocimientos que “convierten en absolutamente insostenibles las explicaciones propagadas por sectores tanto a derecha como a izquierda del espectro político que presentan la transición como una operación diseñada y ejecutada desde las instituciones franquistas para llegar a la democracia configurada en la Constitución de 1978”.

[1]

Cabe situar las cosas en otro terreno. En el de la debilidad del régimen, en el de la movilización social[2], en el de la debilidad y la fortaleza simultánea de las fuerzas opositoras. La Transición no fue ni modélica, ni ejemplar, ni pacífica, ni precocinada. Fue un proceso, fue una evolución gradual, fue una adaptación sobre la marcha, fue un tanteo permanente, fue un juego de amagos y de cambios de ritmo. Fue eficaz, sí rotundamente, y fue sólo la que era posible, la resultante de la correlación de fuerzas, de las capacidades de unos y otros. Entre el continuismo, la reforma y la ruptura, el resultado final de la negociación y del pacto de Estado fue más rupturista que reformista, por más que determinados poderes y elites siguieran en el candelero sin menoscabo de su influencia fáctica. No cabe la menor duda que el signo cambiante del proceso de la transición tiene una relación directa con la capacidad real de movilización social de las fuerzas opositoras y el debilitamiento creciente del régimen obligado a ceder sucesivamente terreno y propiciando su autoliquidación. A pesar de la simplicidad de las evidencias es muy claro  que ha habido una tendencia a idealizar la transición por un lado y a desacreditarla por otro. Unos apelando a una supuesta ejemplaridad otros denunciando la apropiación del discurso y la “constrrucción a posteriori” de una visión de la transición por parte de sus protagonistas que habrían minimizado la importancia ya señalada de los movimientos sociales en toda su dimensión múltiple para reforzar su propio papel e imagen. Así lo explican por una parte Marie Claude Chaput y Julio Pérez Serrano en un volumen que representaría la culminación de una serie de encuentros dedicados a revisar la Transición en la Universidad de París, donde los distintos colaboradores presentan sus aportaciones agrupadas bajo tres epígrafes fundamentales: los actores políticos y sociales, los discursos y las representaciones y finalmente la memoria de los protagonistas y testigos.[3] Este último apartado ha sido estudiado, desde la óptica de la sociología y formulando un juicio severo sobre la “memoria de los protagonistas y testigos” que habrían elaborado un discurso y unas representaciones acomodadas a su medida y al reforzamiento de su papel, por Marta Rovira Martínez, aunque esta contribución va más allá de diseccionar las “memorias” para considerar que la propia transición fue un secuestro por parte de unas clases dirigentes de las expectativas de libertad masivamente expresadas en la calles, las fábricas y las universidades.[4]

Más recientemente y en un dossier sobre “Las transiciones ibéricas” Gonzalo Pasamar trata de formular un  balance historiográfico hasta finales del siglo XX[5], en el que se aducen las diversas etapas vividas y las tendencias e interpretaciones enfrentadas o planteadas sucesivamente. Así mientras para unos sería, como queda dicho, una operación de éxito, ejemplar y modélica, para otros sería primero una ocasión perdida y más adelante un gran fraude; Para estos últimos la transición, amparando un pacto de silencio sobre los crímenes del franquismo y secuestrando la democracia, se vería como “el resultado de una oligarquía que se había puesto de acuerdo para repartirse el poder de espaldas a la ciudadanía”. Pero las descalificaciones doctrinarias se acercan más a las posiciones políticas e ideológicas de los partidarios de una “segunda transición” que al análisis riguroso de las circunstancias concretas que se vivieron en la etapa de 1975 a 1982. Gonzalo Pasamar concluye que “nunca ha existido una foto fija de la Transición ni una sola narrativa de la misma” y que las visiones críticas (ocasión perdida), las complacientes y las hipercríticas (gran fraude) reclaman un punto de ponderación y la necesidad de acudir al análisis histórico para someter al contraste de la historia las debilidades, múltiples y encontradas, de la memoria.

Debo confesar que por razones de edad y de trayectoria me considero a un tiempo “actor político y social”, como estudiante, como profesor, como político, y también “protagonista y testigo” y desde esta óptica he de decir que me parecen endebles las formulaciones maniqueas o las que con una visión ucrónica pretenden desacreditar y deconstruir la transición que desde mi punto de vista dio resultados plausibles mientras fue un proceso evolutivo al tiempo que perdía toda vigencia y empezaba su dilapidación por parte de los partidos emergentes en la propia transición al querer cerrar el modelo y bloquearlo en unas interpretaciones restrictivas de la Constitución. Estoy convencido que una vez cerradas las compuertas de la transición el bloqueo del modelo y su petrificación certficó la insuficiencia del pacto constitucional tal como se pasó a interpretar al tiempo que era expresión de las capacidades y fuerzas reales de unos y otros. Mi tesis en el debate vivo sobre la transición, escapando un instante del objeto de mi ponencia aunque me parece una referencia necesaria , es que la transición tuvo sentido, fue útil, fue el resultado de múltiples empujes sociales y políticos, y fue dando resultados plausibles mientras fue considerado todos el proceso como un “work in progress”, mientras que una vez aprobada la Constitución, vigente y aplicada e interpretada, empezó una larga etapa de “traición a la transición” desvirtuando su sentido como expresión de un momento histórico especialmente dinámico y enriquecedor a pesar de sus múltiples contradicciones.

Ni memoria edulcorada ni impostura antidemocrática; más bien una situación de cambio y de aceleración histórica que con posterioridad fue objeto de ralentización y bloqueo. Así las cosas más de un a de las circunstancias que se están viviendo en la andadura actual, en 2015, son precisamente más la consecuencia de la reacción homogeneizadora posterior a la transición que de la propia transición.

Una ojeada al caso de Cataluña: sus instituciones y la decepción autonómica.

Fijemos nuestra atención en Cataluña y en su papel en la Transición española y el desarrollo posterior hasta la actualidad de su autogobierno y de las percepciones sociales respecto al mismo.

No hace falta ser un lince para recordar que una sociedad civil potente y organizada y una amplia mobilización social trasladó a la calle el debate y la presión sobre la liquidación del régimen franquista. Luchas sociales y procesos unitarios confluyeron en un clima de agitación social sin precedentes en muy distintos campos. En el de la lucha obrera ( recordemos el papel preponderante de Comisiones Obreras a través de la CONC)[6], en el de la lucha estudiantil escenificada en el SDEUB (Sindicato democrático de estudiantes de la Universidad de Barcelona)[7] y su confrontación sucesiva contra el SEU y contra las APE, en el de la lucha vecinal de carácter reivindicativo y de claro acento local marcando la agenda de las refornmas locales y la liquidación de los ayuntamientos franquistas[8], en la emergencia de las fuerzas políticas que empezaban a configurar un sistema de partidos específico y singular con repercusiones posteriores en el mapa político catalán[9], y en el desarrollo de movimientos unitarios y principalmente la Asamblea de Cataluña[10] que con sus movilizaciones amplísimas en el año 1976 (1 y 8 de febrero) y 1977 (11 de septiembre) situarían en la calles, más que en los despachos, la amplia voluntad social de cambio. Efectivamente,  estas manifestaciones masivas, alternativamente prohibidas, reprimidas y consentidas, hablaban acentos muy diversos y fijaban un mensaje inequívoco expresado en diversas lenguas: Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía.

Es en este contexto y en el de una debilidad creciente y manifiesta de la burocracia y el aparato del Estado que debemos convenir que en estos años Cataluña era a un tiempo admirada, respetada y temida.

Es como lo plantea Joan B. Culla en una apretada síntesis que traducimos: “Por lo que respecta a las relaciones políticas con Madrid, se podía decir que la Constitución de 1978 y el Estatut del año siguiente se redactaron en un período de repliegue y de debilidad de los aparatos ideológicos y administrativos del estado español. Una debilidad que era hija de la incertidumbre sobre el propio futuro, de la mala conciencia sobre su pasado franquista, del alto grado de movilización de los nacionalismos periféricos y del deseo de no multiplicar los focos de conflicto en plena transición de un régimen a otro”.[11]

Sólo así se explica que una supuesta genialidad de Adolfo Suárez derivara en el restablecimiento de la Generalitat, el retorno del Presidente en el exilio Josep Tarradellas y el establecimiento inequívoco de un nexo con el pasado de la legitimidad republicana, en un acto insólito y relevante materializado con sentido de la anticipación con antrerioridad a la Constitución. Cabe aquí recordar precisamente en la alternancia entre momentos de euforia y unidad colectiva y los posteriores momentos de frustración y enfrentamiento la extraordinaria manifestaciónb del 11 de septiembre de 1977 con las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977 ya realizadas y con unos resultados que no dejaban lugar a dudas sobre la pluralidad y la especifidad del sistema catalán de partidos políticos y además con un marcado acento orientado hacia el predominio de las fuerzas de izquierdas. Y el mismo sentido cabe atribuir a la formidable manifestación de recibimiento al Presidente Josep Tarradellas el 23 de octubre de 1977. Una visión dual de esta operación da pie a contemplar diversas vertientes y razones que para Joan B. Culla representan en su conjunto que “ la ‘operación Tarradellas’ fue tanto una hábil jugada de Suárez para neutralizar la mayoría de izquierdas surgida en Cataluña de las elecciones de junio, como el reconocimiento por parte de Madrid de la continuidad y la fuerza de la conciencia nacional catalana y de la urgencia de darle alguna salida aunque fuese meramente simbólica”.[12]

El período comprendido entre 1977 y 1980 tuvo una secuencia imparable de procesos electorales y refrendarios: en junio de 1977, en diciembre de 1978, en marzo de 1979, en abril de 1979, de nuevo en octubre de 1979 para culminar en las primeras elecciones autonómicas estatutarias realizadas el 20 de marzo del año 1980.

En Cataluña desde el mismo 15 de junio de 1977 acaparó la atención la agenda política que habían definido los movimientos sociales y los procesos unitarios. Si bien es verdad que el nuevo mapa político definía una determinada correlación de fuerzas y planteaba las primeras contradicciones. Todavía bajo el impulso y el empuje unitario los parlamentarios catalanes de las Cortes se constituyeron en Asamblea de Parlamentarios (25 de junio de 1977), a partir de la cual se estableció un cierto forcejeo entre la legitimidad democrática esgrimida por los partidos y la legitimidad histórica planteada y reivindicada por Josep Tarradellas. Este forcejeo se evidenció tanto en la fórmula final elegida para el retorno del President como en el proceso de negociación del Estatuto de Autonomía que fue redactado por una comisión de 20 parlamentarios. Así la definición de un Gobierno de la Generalitat de carácter unitario marcó la presencia en la mesa presidida por Tarradellas de todos los principales dirigentes políticos que en un cierto sentido fueron neutralizados por la peculiar circunstancia de la unidad y de la asimilación del cargo de Presidente de la Generalitat también al cargo de Presidente de la Diputación de Barcelona. Después de las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979, a las que nos referiremos enseguida, se produjo el 23 de abril una gran manifestación que reclamaba la aprobación urgente de un Estatuto de Autonomía que para algunos debía ser el restablecimiento, salvando las distancia, del vigente en 1932 mientras que para otros debía abordar otras cuestiones y específicamente la financiación y las competencias más débiles del Estatuto de época republicana. El 25 de octubre de 1979 el Estatuto fue refrendado por el pueblo de Cataluña y como ya hemos dicho al amparo de este texto Estatutario pero sin una ley electoral propia se realizaron las elecciones autonómicas del 20 de marzo de 1980 con una sorpresa electoral y el inicio del proceso de institucionalización del Gobierno de la Generalitat.

1975-1979, la lenta progresión hacia la democracia municipal.

Pese a diversos intentos de acelerar la celebración de elecciones municipales éstas no llegarían sino casi dos años después de las elecciones del 15 de junio de 1977. El carácter insólito de este aplazamiento y retraso ha encontrado recientemente y con documentación norteamericana una explicación plausible: Pese a las peticiones reiteradas de los países democráticos el miedo cerval a una repetición de un 14 de abril habría llevado a los que lideraron desde arriba el proceso de la transición a soslayar la construcción de abajo a arriba, con sólidos cimientos, del nuevo y frágil edificio de la democracia.[13]  Se empezaba como se dice comunmente la casa por el tejado y mientras las cúpulas de los partidos definían el pacto constitucional (con refrendo de la Constitución el 6 de diciembre de 1978), y se sometían a unas segundas elecciones legislativas, la permanencia en los Ayuntamientos de las antiguas autoridades franquistas dio lugar a una situación de bloqueo y parálisis. Los municipios, endeudados y sin dirección, vieron como se paraba el reloj de las reformas tantas veces reivindicadas y como se mantenía impávidamente una duplicidad de poderes, democráticos y franquistas, en unos niveles u otros. Finalmente el 3 de abril de 1979 se frealizaron en toda España las elecciones municipales y el 19 de abril de 1979 se consttuían los primeros ayuntamientos surgidos de unas elecciones democráticas desde las que se habían celebrado a principios de 1934.

En Cataluña la opción mayoritaria se materializó en los denominados pactos de progreso suscritos con la voluntad de aislar a los representantes de la Unión de Centro Democrático (En Cataluña bajo la fórmula de la coalición Centristes de Catalunya CC-UCD) y reforzar el perfil democrático, municipalista y autonomista de las distintas fuerzas firmantes. Conviene recordar en este punto que el municipalismo siempre había acompañado los procesos de movilización ciuadadana del catalanismo político y que los acuerdos municipales impulsando los proyectos de Estatuto tanto en 1917 como en 1931 demostraban una extensión territorial absoluta de los planteamientos favorables al autogobierno. También fue el caso en 1979 cuando los Ayuntamientos el mismo día de su constitución o a los pocos días aprobaron acuerdos por amplias mayorías referidos a la reclamación urgente de un Estatuto y a la necesidad de política de normalización lingüística que en aquellos momentos eran una necesidad perentoria.

Sin embargo hay que reconocer que la labor desarrollada por los Ayuntanmientos desde 1979 dio un giro radical a los pueblos y ciudades de toda Cataluña en la mayoría de los casos sin distinción de color político. La respuesta inmediata a los déficits de infraestructuras, equipamientos y servicios dio lugar a una auténtica revolución en el mundo local que transformó la geografía de Cataluña, como naturalmente también la de España entera. El repertorio de necesidades era inmenso y las demandas respondían a déficits muy elementales. Las políticas de proximidad evolucionaron con rapidez de las obras al urbanismo y de éste a los servicios sociales y a las políticas de bienestar.  Esta es la forma en que lo resumen Borja de Riquer y  Joan B. Culla: “Como corresponde a cualquier período de rodaje de un nuevo modelo político-constitucional, la primera preocupación de las diversas instituciones públicas catalanas ha sido la de afirmar el propio papel en relación a los ciudadanos y a las demás instancias de poder. Esto vale para los ayuntamientos que desde 1979 rompieron con la imagen de corrupción y arbitrariedad heredada de la época franquista y se han legitimado a traves de una política de mejora de equipamientos, de saneamiento económico y de restauración de los estragos urbanísticos cometidos en las décadas anteriores a pesar de la exigüidad de los recursos económicos”.[14] Fijémonos que este balance realizado en 1988 cuando ya se habían producido tres mandadots municipales, 1979, 1983 y 1987, sería aplicable a la actualidad precisamente como un argumento en sentido contrario esgrimido por las nuevas candidaturas emergentes que han barrido el mapa municipal en las elecciones del 24 de mayo de 2015. Dicho de otro modo: la Transición superó el estigma de la corrupción y la especulación franquistas, muy instaladas, y solo después de un largo período de cambio volverían en algunos sectores las prácticas corruptas que han oscurecido un balance global muy distinto.

Conviene destacar que en la lucha por la afirmación del poder municipal se establecieron diversos frentes: uno de forcejeo competencial y de reclamación de recursos a la administración general del Estado a la que se reclamó con insistencia la urgente reforma de la Ley de Bases del Régimen Local y la necesidad de una Ley de Financiación de los ayuntamientos que pese a pequeños y sucesivos parches nunca acabó de materializarse; otro frente en la relación con el gobierno de la Generalitat que en su propio proceso de afirmación y desde las mayorías nacionalistas de CiU asistía con recelo al despliegue de reformas, planes y programas que exhibía el municipalismo. La insistencia de CiU en la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona tenía su más certera expresión en la afirmación reiterada de Jordi Pujol en el sentido que no quería una Cataluña Hanseática. Por último los municipios tuvieron que enfrentarse a sus propios fantasmas en un debate sobre el carácter político o administrativo de las corporaciones locales y en un debate reduccionista entre los que preferían un modelo de Ayuntamiento muy ceñido a su ámbito competencial estricto frente a los que propugnaban políticas integrales de seguridad o urbanismo por citar dos ejemplos claros que incluían la reforma democrática de las policías locales, la definición de un modelo integral de seguridad con demandas explícitas de considerar las policías locales también como policía judicial, y el planteamiento de unas políticas urbanísticas orientadas a la reducción de la edificabilidad, la dotación con servicios y equipamientos de los barrios, la rehabilitación de los centros históricos y nuevas políticas de vivienda. Este último debate coincidía con otro más teórico que intentaba desdoblar la gestión que se quería reservar al ámbito de los trabajadores públicos y el de la política reservado en exclusiva a los electos locales. Fue precisamente la superación de estas contradicciones y la formulación con firmeza de un catálogo de exigencias de toda índole lo que daria una fuerza inusitada al municipalismo a través de organizaciones que como la Federación de Municipios de Cataluña o la Asociación Catalana de Municipios trataban de vehicular de forma colectiva las aspiraciones comunes.[15]

Pero por más que el acento local y los liderazgos locales hayan tenido una gran influencia en el despliegue del municipalismo no podemos olvidar, como señalábamos al principio, la permanente vinculación de los Ayuntamientos con las expectativas de autogobierno aunque la expresión concreta del autogobierno en los sucesisvos gobiernos nacionalistas de CiU apelara constantemente a la laminación de sus competencias ejercidas por los municipios mientras que éstos lamentaban una y otra vez la invasión competencial de la Generalitat y las restricciones presupuestarias en una competición insensata orientada con demasiada frecuencia por la búsqueda de votos y adhesiones en el territorio.

Por otro lado la transferencia de muchos líderes vecinales a los ayuntamientos y la propia necesidad de afirmación de la representatividad de los ayuntamientos amparada por los sufragios ocasionó una crisis de los movimientos vecinales que vieron mermados sus efectivos y que no siempre encontraron la adecuada interlocución con los representantes políticos. Sobre esta base se fundamenta una nueva literatura municipalista y una nueva bibliografía que reclama la recuperación de la sintonía y las complicidades y que en parte desacredita o deslegitima la trayectoria de 36 años de democracia municipal apelando a un supuesto e  inexistente secuestro de la democracia. Ahí están precisamente los resultados de 2015 para desmentir este supuesto que se añadiría a las teorías del revisionismo más radical de la Transición.

La Generalitat de Catalunya. Estatutos y decepción autonómica.

El Estatuto de 1979 y las mayorías de CiU (1980-1999)

El tiempo transcurrido entre la rúbrica del pacto constitucional y la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1979 que, recordemos, fue refrendado el 25 de octubre de 1979 fue el tiempo de cocción lenta y asimilación de los cambios en que había desembocado la Transición y que ponían Cataluña en los raíles del modelo autonómico diseñado y la preparaban para unas primeras elecciones autonómicas convocadas por el presidente Josep Tarradellas para el 20 de marzo de 1980.

El pacto constitucional había sellado un sistema que distinguía entre nacionalidades y regiones, establecía un mecanismo de dos velocidades, y separaba la convocatoria de las elecciones autonómicas de Cataluña, País Vasco y Galicia, en un primer momento del calendario de las elecciones municipales. Para el profesor Antoni Castells en un ensayo reciente y valiente el retorno del president Tarradellas significaba la “vinculación entre el compromiso con el autogobierno y la implicación en la causa de la democracia en España” y sigue: “Desde este punto de vista la Constitución simboliza la doble afirmación de Cataluña y España, en el sentido que no sea necesario negar a España para afirmar Cataluña, ni haga falta negar Cataluña para afirmar España. Simboliza en cierto sentido una doble renuncia y un doble compromiso”.[16]

Fue en este marco y en este contexto que se celebraron las primeras elecciones autonómicas en Cataluña y los resultados que dieron las urnas en la noche del  20 de marzo de 1980 dieron un vuelco al mapa electoral catalán y liquidaron la hegemonía de la izquierda que se había manifestado muy explícita en los procesos electorales anteriores. Sin mayoría absoluta pero con unos resultados imprevisibles y muy favorables Jordi Pujol y Soley, nuevo presidente, pactó con ERC que situó Heribert Barrera como primer presidente del Parlamento restaurado y empezó una nueva singladura que a partir de las segundas elecciones autonómicas del 29 de abril de 1984 le darían sucesivas mayorías absolutas en 1988 y 1992.

Las causas de los resultados son múltiples y ya hemos apuntado como algunos establecen una correlación directa entre el gobierno de unidad de la Generalitat provisional y estos resultados. Sea como sea a partir de 1980 el sistema de partidos y el mapa electoral catalán presenta no pocas singularidades. En primer lugar porque se aleja del bipartidismo imperfecto imperante en el resto de España y en segundo lugar porque contemplando las sucesivas y diversas elecciones celebradas se patentizaba una asimetría específica: el partido socialista ganaba sistemáticamente las elecciones municipales y las elecciones generales, mientras que CiU ganaba de calle las autonómicas. Claro que en el mapa de las elecciones locales había una clara diferencia  entre el entorno metropolitano de Barcelona y en las grandes capitales con una tonalidad roja subida y un predominio absoluto del amarillo de CiU en el resto del territorio con apenas algunos islotes simbólicos. La lectura de la reiteración de estos resultados llevó a Felipe González un dia a formular la tesis de la “paradoja catalana” y dirigiéndose al candidato socialista para las elecciones autonómicas de 1995 le espetó “no ganareis nunca hasta que supereis la paradoja catalana”.[17]

Ocurre sin embargo que el único atisbo de ruptura de esta paradoja desde la lógica conocida del sistema de partidos surgido en la transición se produjo en las eleciones autonómicas de 1999 cuando la candidatura socialista encabezada por Pasqual Maragall ganó en votos, aunque no en escaños, y rozó el “sorpasso”. Y cuando de verdad se ha producido la plena superación de la paradoja catalana, y anticipo algunas cuestiones del momento presente, esto se ha producido en un momento de implosión y retroceso histórico del partido socialista y en un panorama de fragmentación creciente del mapa electoral catalán. La simetría, expresada como deseo, entre unas elecciones y otras, autonómicas, municipales y generales, alcanzaba a los socialistas en horas muy bajas y ya no sería posible en los términos que la formulara Felipe González.

En cualquier caso la realidad fue que CiU gobernó con cierta comodidad hasta las elecciones autonómicas de 1999, a pesar que ya había perdido la mayoría absoluta en 1995. Pero la propuesta del nacionalismo catalán encarnada en Pujol era de un paternalismo de proximidad que le dio réditos importantes en Cataluña al tiempo que practicaba un posibilismo oportunista en relación con la governabilidad de España. Así sumó algunos resultados en términos de mejora competencial y de despliegue de las potencialidades del Estatuto de 1979 prestando su apoyo en momentos sin mayoría absoluta tanto a gobiernos socialistas como a gobiernos del PP.  En términos globales esta etapa que Pujol tipificó de “construcción nacional” dio resultados positivos en muchas políticas sectoriales y contribuyó a la mejora de las prestaciones personales del estado del bienestar sin por ello desbloquear el problema de fondo que subyacía en el constante tira y afloja para la interpretación y el despliegue del Estatuto.

El famoso pacto del Majestic sentenció una alianza con el Partido Popular que no significó demasiado desgaste en el panorama electoral catalán aunque era del todo evidente que a las dificultades objetivas debidas a la ambigüedad del pacto constitucional y estatutario de la transición se añadía a partir de 1996 una actitud liderada por José Maria Aznar cargada de recentralización y reespañolización. Los populares convirtieron en doctrina y aplicaron de forma doctrinaria la idea que el modelo autonómico había sido un error y había que corregirlo.

Una simple ojeada a los sucesivos resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña nos da la medida de la evolución desde una etapa ascendente de predominio hegemónico de CiU que cedió fuerza a fines del siglo XX y propició una nueva situación con una mayoría alternativa dispuesta a demostrar, con poco éxito, que era posible otra forma de gestionar la autonomía y que era imprescindible una revisiónb de los términos del acuerdo de 1978-1979.

La evolución de las elecciones autonómicas en Cataluña, en número de escaños (1980-2006)[18]

20-III-1980  29-IV-1984 29-V-1988 15-III-1992 19-XI-1995 17-X-1999 16-XI-2003 1-XI-2006

Ci U             43                72                69                 70                60              56                46              48

PSC              33                 41                42                40                 34             50                42              37

PSUC/IC      25                   6                    9                  7                 11              3                  9              13

AP/PP          —                   11                  6                  7                  17              12              15              19

CC-UCD       18                  —                  —                  —                 —                 —                 —               —

ERC              14                   5                   6                11                 13              12              23              21

PSA                2                 —                   —                 —                  —                —                 —                —

C’S                 —                  —                   —                —                  —                 —                —               —

Hacia el Estatuto de 2006. La etapa de los gobiernos de progreso (2003-2010).

En el cuadro que acabamos de ver se puede constatar la situación de casi empate técnico de las elecciones de 1999, la posibilidad de una mayoría de izquierdas en las de 2003 y la repetición de la mayoría de izquierdas en las elecciones de 2006. Las de 2003 condujeron a la aprobación del Pacto del Tinell el 14 de diciembre de 2003 y a la constitución de un gobierno presidido por Pasqual Maragall el 22 de diciembbre de 2003.

El nuevo gobierno formado por una coalición de PSC, ERC e ICV tuvo un recorrido convulso, un clima de hostigamiento muy amplio, dificultades para transformar el pacto en cultura de gobierno y el tropiezo insalvable de la tramitación de un nuevo Estatuto que dio al traste con el gobierno cuando uno de los socios ERC decidió embarcarse en la batalla del No y hacer campaña contra el Estatuto que desde el propio gobierno y desde la mayoría parlamentaria había contribuido a forjar.

Como precisa Antoni Castells la propuesta de nuevo Estatuto (acordada en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005) y el texto que una vez pasado por sucesivas modificaciones y recortes  fue sometido a la consideración y aprobación de las Cortes Generales (presentado en el pleno del Congreso para el trámite de enmiendas a la totalidad el 2 de noviembre de 2005 y votado en el pleno para su aprobación el 30 de marzo de 2006)[19] y finalmente aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006, significaba la última propuesta y por mucho tiempo la última oportunidad de “mantenerse en España, no irse, y la voluntad de implicarse una vez más en una propuesta de transformación del estado”.[20] La ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña una vez aprobada y promulgada abrió un paréntesis de estabilidad forzada mientras se dirimía la batalla jurídica y política planteada en todos los frentes y con todas las armas principalmente por el Partido Popular con su recurso ante el tribunal Constitucional.

Sin embargo, después de la aprobación del Estatuto la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas significó la retirada de Pasqual Maragall y finalmente la elección de José Montilla como nuevo presidente de la Generalitat. Éste con una mayoría parlamentaria sólida y sin fisuras mantuvo la integridad del mandato parlamentario y culminó una legislatura completa de cuatro años antes de la vorágine desencadenada a partir de 2010.

El punto definitivo de inflexión lo dio la publicación de la sentencia del tribunal Constitucional sobre el Estatuto el 28 de junio de 2010. La manifestación del 10 de julio expresó un unánime rechazo a la sentencia pero evidenció además una clara hostilidad hacia el gobierno de progreso desbordado y superado por una lógica que él mismo había desencadenado y que culminaba con los peores augurios.

La sentencia no solo limitaba y cercenaba el Estatut. Cerraba definitivamente la etapa que se había abierto entre 1975 y 1980. Culminaba un período de falta de imparcialidad de las instutuciones del estado y de hostilidad creciente e inducida hacia Cataluña instigada por el Partido Popular sin ninguna conciencia de las consecuencias que acarrearía la nueva situación. A los ojos de Antoni Castells a quien seguimos en esta última parte había ido quedando claro que “España no quería ser redimida por Cataluña”. Una vez dinamitado el Estatuto de 2006, que se había aplicado con normalidad y sin ningún contratiempo entre 2006 y 2010, parecía claro que “si el Estatuto no cabía en la Constitución había que cerrar la carpeta de la autonomía y abrir la de la soberanía”.[21]

La aceleración soberanista

La novedad a fines de 2010 fue un cambio en la percepción de la situación por parte de la ciudadanía. Los sucesivos tropiezos han ido generando un clima de desengaño, de desapego de la democracia española, y animados por los efectos devastadores de la crisis económica y socia, amplios sectores de la sociedad catalana han abandonado sus posiciones históricas y se han sumado bien a la opción de un referéndum bien abiertamente a las posiciones independentistas. Mientras que en el pasado las opciones independentistas radicales habían sido minoritarias y el catalanismo político había transitado siempre por el camino de un encaje razonable entre Cataluña y España,  las cosas ahora han cambiado sustancialmente y ha surgido una nueva mayoría social con un peso muy evidente aunque, como es verdad, nunca se ha alcanzado a medir la dimensión real de las diversas posiciones.

La experiencia de gobiernos de izquierdas se cerró en 2010 con el retorno de CiU a la presidencia de la Generalitat ahora ya con Jordi Pujol retirado y un Artur Mas forjado en la brega de los años duros de la oposición y consciente del reto que se le venía encima. Con amplios sectores de la sociedad civil empujando y con reiteradas manifestaciones masivas en la calle Artur Mas ha llegado a la conclusión que no hay otra salida que dar la voz al pueblo y apuesta claramente por superar el modelo posibilista de Pujol y abraza las posiciones netamente soberanistas. La cerrazón de los gobiernos de España y el clima de agitación social han llevado a Artur Mas a plantear sucesivas consultas, explícitas o implícitas, pidiendo sólidas mayorías. Así pareció en las elecciones de 2010, aunque la voluntad de perseguir una “mayoría excepcional para los momentos excepcionales” le ha llevado con posterioridad a acortar todas las legislaturas subsiguientes en una carrera que no persigue la simple composición del Parlamento de Cataluña sino que busca la respuesta a una pregunta que se le resiste. Esta es la lección de las elecciones de 2012 con retrocesos notables de CiU y PSC, unos por unas razones y otros por otras.

La reciente celebración de las elecciones municipaqles en Cataluña ha dado como resultado una gran fragmentación del mapa electoral, una diversidad de pactos que configuran una geografía heterogénea en la que en algunos casos priman los acuerdos de las izquierdas y en otros domina el frente soberanista. La lección, sin embargo, es un aviso de mayor calado para el Partido Popular que ha retrocedido a posiciones muy simbólicas y a una presencia irrisoria en consistorios donde con anterioridad el peso de la derecha unitarista era de mayor envergadura. Como también lo ha sido para el PSC que ha visto como sus posiciones se mantenían escasamente en algunos sectores del área metropolitana de Barcelona pero con retrocesos enormes en el conjunto de la geografía catalana. Claro que el desenlace de las elecciones y de los pactos posteriores  ha neutralizado la pretensión de un débil frente CiU/ERC que quería apriorísticamente atribuir a estas elecciones un carácter de primera vuelta de unas elecciones con sentido plebiscitario que se celebraron el 27 de septiembre de 2015.

La evolución de las elecciones autonómicas en Cataluña (2010-2015). La aceleración soberanista

28-XI-2010       25-XI-2012     27-IX-2015

CiU                   62                      50                     62 (Junts pel Si: CDC+ERC, sin Unió Democràtica)

PSC                   28                      20                     16

PP                     18                      19                      11

ICV                    10                      13                      11 (Catalunya si que es pot)

ERC                   10                      21                      —

SI                         4                      —                        —

C’S                      3                         9                      25

CUP                   —                          3                      10

(Unió Democrática que concurrió por separado a las elecciones no obtuvo el porcentaje mínimo para asegurarse representación).

El panorama es muy complejo e incierto y se debate entre las posiciones del unitarismo de derechas que encarnan a partes iguales PP y Ciudadanos, entre un federalismo muy frágil defendido por el PSC, y las distintas versiones del soberanismo independentista que dibuja escenarios insólitos y de resultado incierto. Los episodios más recientes de noviembre de 2015 nos acercan a escenarios de confrontación pura y dura sin que se vea un giro hacia la negociación y el abandono de fundamentalismos enfrentados.

Roto el pacto, cerrado el diálogo, abierta la crisis de confianza, los sectores que abogarían por una negociación y una tercera vía se encuentran con que no existe ningún interlocutor solvente y creible.  Es posible que los que vieron en los últimos años setenta en la Transición una clara oprtunidad de consolidar un sistema de libertades públicas y un reconocimiento a la pluralidad se pregunten a estas alturas qué se ha hecho mal; y la respuesta sería más dura para los años y para los actores de los decenios posteriores a la Transición que para los momentos vividos en la expectativa de un cambio plausible entre 1975 y 1982.

La endiablada complejidad de la situación no da para vaticinios en manos de historiadores; si los políticos dan a estas alturas palos de ciego, los historiadores contemplamos la situación con perplejidad e inquietud.

 

[1] Pere Ysàs: “Ni ‘modèlica’ ni ‘immodèlica’. La transició des de la historiografia”, en Franquisme i transició. 1, 2013, p. 273-287.

[2] El propio Ysàs, art citado, p. 274 afirma que “una parte de la investigación reciente ha avanzado significativamente en el estudio de los movimientos sociales antifranquistas que contribuyeron de una manera determinante a la crisis de la dictadura y condicionaron el proceso de transición. Para certificar el alcance de estos avances en esta materia es muy relevante el artículo de Ivan Bordetas: “Els estudis sobre el moviment veïnal: un repte encara per a la historiografia”, en Franquisme i Transició, 2, 2014, 281-295.

[3] Marie Claude Chaput y Julio Pérez Serrano: La transición española. Nuevos enfoques para un viejo debate. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 2015.

[4] Marta Rovira Martínez: La transició franquista. Un exercici d’apropiació de la història. Barcelona, Ed Pòrtic, 2014 donde el propio título ya califica la transición que mientras para unos fue a la democracia para otros es con ojos de hoy una transición o una construcción franquista.

[5] Gonzalo Pasamar:  “¿Cómo nos han contado la transición? Política, memoria e historiografía (1978-1996)” en Ayer. Las transiciones ibéricas, número 99, 2015, pp. 225-249.

[6] Pere Gabriel, Carme Molinero, Gemma Ramos y Pere Ysàs: Comissions obreres de Catalunya, 1964-1989. Una aportació a la història del moviment obrer. Barcelona, ED. Empúries, 1989.

[7] Josep M. Colomer: Els estudiants de Barcelona sota el franquisme. 2 vols. Barcelona, Ed. Curial, 1978.

[8] Ivan Bordetas: “ Els estudis sobre el moviment veïnal: un repte encara per a la historiografia”, en Franquisme i Transició, 2, 2014, 281-295. Y de forma muy singular una reciente monografía sobre Barcelona que situa los movimientos sociales en el contexto de la reivindicación simultánea de las libertades y de los derechos sociales plsanteados desde las necesidades perentorias de la calle, Marc Andreu Acebal:Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986). Barcelona, Ed. L’Avenç, 2015.

[9] Un caso paradigmático fue el conjunto de conferencias que bajo el título de “Les terceres vies a Europa” programó el Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona en el colegio de arquitectos y en el colegio de abogados de Barcelona con los líderes de los principales partidos políticos, entre abril y mayo de 1975. Anton Cañellas, Josep Solé Barberà, Josep Pallach, Joan Reventós, Ramon Trias Fargas, y Jordi Pujol: Les terceres vies a Europa. Barcelona, Ed. Nova Terra, 1975.

[10] Antoni Batista y Josep Playà Maset: La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya. Barcelona, Ed. Empúries, 1991.

[11] En Pierre Vilar (director): Història de Catalunya, vol. VII, Borja de Riquer y Joan B. Culla: El franquisme i la transició democràtica. Barcelona, Ed. 62, 1989, la cita de Culla en la p. 443.

[12] J. B. Culla, op cit. en la nota anterior, p. 429.

[13] Marc Andreu Acebal: Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la econstrucció de Barcelona (1968-1986).  Barcelona, Ed. L’Avenç, 2015. p, “tiene especial significación histórica la prueba documental según la cual el sucesor de Franco a título de Rey, Juan Carlos de Borbón, habría confesado en la Casa Blanca  los difíciles momentos del proceso de transición vividos en el mes de febrero en Barcelona, durante su primer viaje como jefe del estado a Washington el 2 de junio de 1976” y el autor remacha el clavo diciendo que “Fue el miedo explícito a un nuevo 14 de abril, miedo instigado por la fuerza del movimiento ciudadano de Barcelona, lo que llevó al Rey a posponer las primeras elecciones municipales  democráticas de acuerdo con los gobiernos españoles de transición presididos por Carlos Arias Navarro y por Adolfo Suárez…” (citas que traduzco directamente del catalán). Para una visión de conjunto de este proceso de cambio y su ralentización conviene ver de Rafael Quirosa-Cheyrouze y de Mónica Fernández Amador: Poder local y transición a la democracia en España. Granada, Centro de estudios municipales y de cooperación internacional, 2010, donde se pone de manifiesto el debate que se produjo sobre la convocatoria de las elecciones locales y la controversia sobre el calendario. Con anterioridad y referido a Cataluña había suscitado esta cuestión Joan Botella en “Las primeras elecciones municipales democráticas: instituciones, territorios y partidos”, Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya. Vol III, La reforma de l’exèrcit i de l’administració local , Rafael Aracil y Antoni Segura (eds), Universidad de Barcelona, 2002, p. 231-241. En el volumen general de esta misma obra, Barcelona Universidad de Barcelona, 2000, se incluyen dos debates con protagonistas de los primeros veinte años de democracia municipal y de andadura autonómica bajo los epígrafes “20 anys d’Estatut” y “20 anys d’ajuntaments democràtics”.

[14]  Borja de Riquer y Joan B. Culla: Epílogo, De la transición democrática a la autonomía política (1976-1988), en Pierre Vilar, Història de Catalunya. Vol VII. El franquisme i la transició democràtica. Barcelona, Ed. 62, 1989, p. 443.

[15] Un buen compendio de estos avances puede encontrarse en los volúmenes 10 anys d’ajuntaments democràtics. Elements per a un balanç (1979-1989)   , Barcelona, Federación de Municipios de Cataluña, 1989 y 20  anys d’ajuntaments democràtics 1979-1999. Elements per a un balanç i un debat de futur. Barcelona, Federación de Municipios de Cataluña- Institut d’estudis metropolitans, 1999.

[16] Antoni Castells: “Catalunya dins d’Europa. Nació i poder polític”, en Joaquim Albareda (dir): Catalunya nació d’Europa 1714-2014. Vol III, De les experiències d’autogovern al clam per l’autodeterminació, 1914-2014. Barcelona, Enciclopèdia catalana, 2013, p. 260.

[17] Joaquim Nadal i Farreras: Testimoni de càrrec. Vint anys al servei de Catalunya. Barcelona, Ed Pòrtic, p. 200-201. La entrevista tuvo lugar en la Moncloa el  27 de octubre de 1995.

[18] Fuente:   parlament.cat Eleccions al Parlament de Catalunya 1980-2012. Hasta las elecciones de 2003 (VII legislatura) existe una publicación del Parlament de Cataluña con introducciones para cada proceso electoral, nombres de los diputados y diputadas elegidos, y distribución por circunscripciones, así como referencias de prensa a través de las portadas de la prensa escrita, Eleccions al Parlament de Catalunya, I-VII legislatura, Barcelona, Parlament, 2006.

[19] La votación fue como sigue: 189 votos a favor (PSOE;PSC, CiU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG) y 154 en contra (PP, ERC, EA y PPC) y dos abstenciones de CNA y NBai. La visión de unos de los socios de gobierno en Cataluña alineándose con el PP en una votación contraria al Estatut ya hacía presagiar futuros enfrentamientos.

[20] A. Castells: op. Cit, p. 262.

[21] A. Castells, op. Cit, p. 263 y 265.