El Segre

El Gobierno de Cataluña atribuye una gran importancia estratégica al aeropuerto de la Seu d’Urgell. Tanto es así que lo tiene situado entre sus prioridades para el Pirineo y figura en un lugar prominente en la agenda política del Gobierno. Desde que el nuevo Gobierno de Cataluña tomó posesión en diciembre de 2003 me he venido ocupando de esta cuestión con el propósito de allanar el camino y acelerar las gestiones para convertir en nueva realidad esta vieja aspiración de Andorra y de la Seu d’Urgell.

Por eso me parece ahora conveniente aclarar conceptos, disipar dudas, despejar incógnitas, situar los términos reales en que se plantea la cuestión. Estoy convencido que no hay confusión si no incurrimos en ninguna simplificación. Veamos pues las cuestiones básicas:

1. La naturaleza del aeropuerto. Se trata de un aeropuerto internacional cuya operatividad se fundamentará en un acuerdo internacional entre España y Andorra.

2. La titularidad de la infraestructura. Hoy, los terrenos donde se sitúa el antiguo aeropuerto son de propiedad privada. Sólo la propiedad pública de los mismos permitirá el desarrollo de un proyecto interestatal de cooperación internacional.

3. La materialización del proyecto. Una vez alcanzada la titularidad pública de los terrenos, las antiguas instalaciones deben ser objeto de una ampliación, mejora, modernización y equipamiento, con el consiguiente alargamiento de la pista y la adecuación de los accesos y de los edificios.

4. La gestión aérea. Corresponderá a Aviación Civil la autorización de las operativas de vuelo y la autorización de las características y prestaciones técnicas del proyecto.

5. La gestión aeroportuaria. En las circunstancias actuales corresponde a AENA desarrollar las prestaciones del aeropuerto, si bien parece hoy más fácil alcanzar una gestión aeroportuaria de la instalación compartida, a través de una empresa mixta entre el sector público (Gobierno central, Gobierno catalán, Gobiernos locales, Gobierno de Andorra) y operadores privados o empresas interesadas en participar en la financiación o la gestión del proyecto.

Ante este conjunto de cuestiones básicas cuyo enfoque parece no sólo inequívoco sino unívoco, ¿cuál es la posición del Gobierno de Cataluña?

1. El Gobierno catalán quiere que el aeropuerto de Andorra – la Seu d’Urgell sea operativo cuanto antes. En suma queremos que sea una realidad.

2. La Generalitat considera que la titularidad de las instalaciones puede corresponder al ente que se decida en relación a una propuesta de financiación que, en las distintas conversaciones mantenidas, se situaba en aportaciones al 50% entre los gobiernos español y andorrano. En este sentido cabría distinguir entre la propiedad de los terrenos, la propiedad de las instalaciones y la gestión de las mismas.

En cuanto a la propiedad de los terrenos, el Gobierno de Cataluña se presta a intervenir en su adquisición si ello fuese necesario, pero creemos que la titularidad registral de los terrenos es indiferente que sea de los gobiernos catalán, español o andorrano, mientras se garantice su titularidad pública y su vinculación a la actividad aeroportuaria. Si la participación en la propiedad del Gobierno andorrano puede plantear alguna duda jurídica, nuestro gobierno está dispuesto a intermediar o simplemente asumir la plena titularidad de los terrenos.

En cuanto a la titularidad de las instalaciones puede corresponder al ente, consorcio o sociedad que decidan los gobiernos español o andorrano si participan a medias en su financiación.

Y, finalmente, en cuanto a la gestión de las instalaciones que hoy podría corresponder en exclusiva a AENA dado el régimen de todos los aeropuertos en territorio español, sería razonable avanzar hacia una gestión compartida entre las tres administraciones e incluso el sector privado, muy en la línea de la reivindicación que mantiene el Gobierno de la Generalitat de liberalizar la gestión aeroportuaria y transformarla en una gestión mixta público-privada, en la que podrían intervenir todos los agentes económico-sociales y del ámbito institucional.

3. El Gobierno de la Generalitat sabe que su intervención deberá ser determinante en la fijación de los usos, régimen del suelo y marco urbanístico que debe hacer posible, en los términos de la legislación urbanística vigente, la autorización de la implantación de este equipamiento, su encaje en el territorio, su impacto ambiental y la mejora de sus accesos.

En suma, el Gobierno de Cataluña se dispone a dar todo tipo de facilidades que propicien la tramitación y aprobación de un Plan Especial del aeropuerto de Andorra-la Seu d’Urgell. Nos disponemos también a facilitar la adquisición de los terrenos del ámbito aeroportuario o a participar en todo o en parte en la misma. Queremos estar en la gestión de la infraestructura y estamos dispuestos a financiar y participar en la mejora de los accesos del aeropuerto.

Estamos convencidos que es perfectamente posible un marco de acuerdo que sin menoscabo de las competencias y del papel que sin duda corresponde al Gobierno de Cataluña, por hallarse ubicado el aeropuerto en nuestro territorio, propicie con el máximo respeto por las respectivas soberanías la voluntad de los gobiernos de España y de Andorra por alcanzar un acuerdo que otorgue a un nuevo aeropuerto de Cataluña la condición de aeropuerto internacional de Andorra al servicio de todo el Pirineo.

Es bueno que se sepa que no queremos tener la gestión del aeropuerto y menos en exclusiva, sino que queremos estar en la misma; que no queremos tener la plena propiedad del aeropuerto si no hace falta, pero queremos y estamos dispuestos a estar en la misma, y que no queremos tener la titularidad de las instalaciones si, fruto de un acuerdo internacional, se financian al cien por cien por parte de los firmantes de este acuerdo.

Para que se entienda todavía mejor, si este aeropuerto fuese solamente un aeropuerto nacional o regional aspiraríamos a tener la titularidad plena y a compartir la gestión. Tratándose de un aeropuerto internacional estamos dispuestos a compartir diversos grados de titularidad y gestión.