La Vanguardia

Una prolongación excesiva y un más aparente que real encono partidista han situado el debate estatutario al borde del hastío colectivo. Mientras los partidos mantenemos viva, durante el verano, la polémica y apostamos por una guerra de posiciones, la inmensa mayoría de los ciudadanos están de vacaciones y procuran disfrutarlas. Todos no, claro. Hay quienes no se lo podrán permitir o simplemente deberán administrar sin grandes alegrías sus días de descanso obligado que a veces se suceden sin solución de continuidad.

No es extraño, pues, que aparezcan dudas sobre la necesidad o no de un nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya. Algunos comentaristas han aducido incluso las posiciones de Jordi Pujol para quien, según parece, la reforma estatutaria era innecesaria porque tenía pocas perspectivas  y porqué además el desgaste podía ser superior a los avances en materia de autogobierno.

Pero, ¿podemos seriamente pensar que transcurridos ya más de veinticinco años de la Constitución Española y del primer Estatuto, Catalunya podía quedarse quieta y expectante en la constatación de las insuficiencias y de las imperfecciones del sistema vigente y ante la evidencia que muchas otras comunidades autónomas de Estatutos más recientes estaban abordando su propio proceso reformista?

¿Es posible que estos procesos reformistas, sea cual sea su enjundia y su contenido, puedan ser considerados completamente neutros y anodinos en el debate político, mientras que el proceso en Catalunya es poco menos que tildado de un riesgo para la estabilidad del Estado?

No cabe la menor duda que en la medida que el propio modelo autonómico fue pensado y acordado para cerrar durante la transición los casos de Catalunya y Euskadi, estas dos comunidades se sitúan en el centro del debate y son escudriñadas con un filtro doble por miradas inquisidoras, que se erigen en defensoras de ideas y postulados que cuando menos en la transición se pusieron en duda y ahora aspiramos a ver superadas por la plasmación de unas ideas nuevas en la llamada España plural. Pero precisamente porque algo que fue pensado para resolver algunos casos singulares (distinción entre nacionalidades y regiones, comunidades de primera y segunda velocidad), ha saltado por los aires superado por el éxito amplio de la propia propuesta en su flexibilidad federal, hoy las reformas estatutarias deben ser consideradas a la luz de un nuevo contexto. Sin menoscabo de los derechos de aquellas comunidades que han alcanzado altas cotas de desarrollo, bienestar y autogobierno por la generalización del proceso y sin menoscabo de los derechos de aquellas comunidades nacionales, cuya singularidad y diferencia es considerada un elemento básico de la pluralidad y del nuevo pacto que se propone como culminación del relato político que se inició en 1977 y 1978.

Era imprescindible, inevitable plantear la reforma estatutaria y era indiscutible que ésta debería abordar aquellas cuestiones que, aun siendo complejas en el uso y la ambigüedad del lenguaje, podían ser la clave para denominar adecuadamente el problema. La nación es una realidad que se construye todos los días con mimbres seculares y aportaciones recientes, rabiosamente contemporáneas, y no puede ser un intento para secuestrar la realidad desde el lenguaje.

Sabíamos que podía ser polémico. Pero en la raíz de la polémica estaba la confirmación de la necesidad de la reforma al acreditar todavía la cristalización insuficiente de un modelo que se inventó precisamente para arbitrar y conciliar solidariamente realidades y comunidades nacionales diversas y plurales.

En el plano teórico se ha desbordado la polémica con la apelación, a última hora y casi a hurtadillas, de los derechos históricos como método para blindar competencias exclusivas y evitar la ingerencia y la laminación de la legislación estatal de las mismas.

Parece bastante evidente que no debería existir contradicción entre una indispensable apelación a los derechos históricos y la garantía de las competencias y de la lealtad constitucional por otros caminos. Suscribo las tesis defendidas por Miguel Herrero de Miñón en este sentido. Los derechos históricos existen, como existe la nación, y aunque ni unos ni otra no son inamovibles lo cierto es que se trata de realidades anteriores a la propia Constitución. Como corresponde al axioma que el hecho antecede siempre al derecho, que intenta ordenar y regular mediante pactos y acuerdos la realidad. Es pues del todo imprescindible la cita de los derechos históricos en el preámbulo y la que con carácter general se formula en el artículo cinco de la propuesta de nuevo Estatuto. No así en cambio la vinculación entre estos derechos históricos inapelables y la determinación de las competencias, cuya relación y características ha de surgir precisamente del acuerdo que se construya precisamente en el debate estatutario y la confirmación de las mayorías necesarias para su aprobación.

En otro orden de cosas hay quien acusa al Govern de Catalunya de dejación de sus funciones y competencias en beneficio de la ponencia conjunta del Parlament. Apuntan quienes sustentan este punto de vista que un texto estatutario surgido y propuesto por el Govern hubiese propiciado un mayor consenso de origen. Sin embargo la voluntad del Govern y muy en especial del President Pasqual Maragall ha sido considerar que desde el inicio este era un proceso en el que debían tener cabida todas las fuerzas políticas catalanas con representación parlamentaria, en el gobierno y en la oposición, y este es el sentido que hay que atribuir a las dos reuniones en la cumbre (Miravet y Parlament) entre los Presidentes de dichas formaciones políticas. Hoy parece claro, aunque alguien pueda albergar algunas dudas, que con el proceso seguido con las aportaciones del Instituto de Estudios Autonómicos y los trámites en doble lectura en la ponencia parlamentaria se daban garantías suficientes de transparencia y participación. Se abría, asimismo, la oportunidad de acoger en el proceso a una mayoría amplia capaz de dejar de lado las querellas partidistas y anteponer la voluntad patriótica de avanzar en un texto que pudiese prospera en las votaciones en el Pleno del Parlament con la seguridad de superar los dos tercios de los votos, y con garantías de abordar el debate en las Cortes Generales con apoyos solventes.

Es cierto que la transmisión en tiempo real de todas las incidencias de recorrido ha mermado la capacidad de negociación y maniobra, aunque no es menos cierto que al desgaste por hastío se ha sumado en las últimas semanas el desgaste por las lealtades perdidas y las lealtades reclamadas o la razón última de todas las lealtades, en una escalada que quizás aporte dividendos inmediatos, pero que entraña asimismo graves riesgos de ruptura y bloqueo.

Aunque tampoco hay que olvidar que el solapamiento de un doble debate, no sucesivo como debiera, sino simultáneo, entrecruzando argumentos del debate en Catalunya, del debate en las Cortes Generales ha producido un innecesario cruce de descalificaciones, ha anticipado debates posteriores, y ha transmitido temores atávicos impropios de un debate moderno y civilizado. Esgrimir sin pudor las condiciones de aprobación en términos de claudicación podría transmitir el oculto deseo de ver fracasar el proceso en Catalunya para no tener que abordar de raíz el problema en el debate posterior.

Es evidentemente impropia la salida de tono de quienes en tiempo de descuento cambiaron la baraja e introdujeron el blindaje de competencias mediante los derechos históricos. Pero para que quede claro que el proceso seguido era necesario, pertinente y bien planteado debería quedar claro que el debate en Catalunya es, en la madurez del modelo autonómico,  autónomo, y que su resultado final en el Parlament de Catalunya y con la aprobación de un texto Estatutario no se habrá eliminado la pulsión tensa, en conflicto, de algunos argumentos contenidos en el texto y que son la base misma del desencuentro que ahora se intenta saldar. Neutralizar ahora el contenido de mayor ambición para Catalunya sería tanto como pedir que Catalunya abdicara de su propia condición en Catalunya mismo. Pidiendo que se dimita, y abonando las tesis de la innecesariedad de la reforma, del objetivo central de la reforma, que no es otro que acercar con competencias y recursos la administración al ciudadano y concretando que los centros de decisión y de poder no pueden mantenerse alejados y al albur de la discrecionalidad y de criterios aleatorios. Parece una simplificación, pero no lo es. Porqué no siempre los ciudadanos de Catalunya han visto amparados sus derechos en términos de equidad y solidaridad. Es paradójico, pero así es. De ahí que los principios básicos de la financiación, sin su cuantificación, deban contenerse y explicitarse en el Estatuto, para responder adecuadamente a los ciudadanos de Catalunya de un ejercicio adecuado y suficiente de las competencias que le son propias.

La última disyuntiva se despeja con esta última afirmación; es una disyuntiva falsa. No hay y no ha habido ninguna pretensión de refugiarse en la agenda identitaria para ocultar las limitaciones de la agenda social.

Hoy nadie duda que el Estatuto se propone otorgar instrumentos más válidos, eficaces y modernos para desarrollar políticas de crecimiento, competitividad, ocupación y bienestar que respondan a la prioridad social de todo el Govern y en primer lugar de su President y a las naturales reclamaciones de sus ciudadanos.

Todos han entendido que si no hay crecimiento y creación de riqueza no hay condiciones para desplegar en toda su plenitud la aspiración al estado del bienestar. Nadie debería pues dudar que habiendo cuestiones manifiestamente mejorables en Catalunya y en España, como en todas sus comunidades, desde una perspectiva más federal, éstas están en la base misma de la propuesta de nuevo Estatuto y del camino hacia la solidaridad federal y la lealtad constitucional que acuña la España plural.

Concluyo. No hay excusas porque no hay disyuntivas. Es importante la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya. Lo es en el interés de Catalunya y de los ciudadanos y ciudadanas catalanes, como lo es también para España entera. De no prosperar  este Estatuto sólo la derecha sacará provecho. El camino a seguir nos lo marca la experiencia histórica cuando en los momentos cruciales las fuerzas políticas catalanas han sabido actuar
unitariamente. Ha llegado el momento de dejar de lado actitudes aventureras y poner a contribución la capacidad negociadora de todos para sacar adelante el proyecto.

PUBLICAT A: http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2005/08/19/pagina-21/41108472/pdf.html?search=”estatuto”,%20″nadal