El País

El Estado es mucho Estado. Ejerce un control tentacular y extiende sus brazos por toda la geografía española.

Hoy tras veinte años largos de vigencia de la Constitución estas afirmaciones podrían relativizarse. Es indiscutible que se ha producido en España un amplio proceso de descentralización, sin precedentes; resulta también cierto que alguno de los símbolos de la administración periférica han perdido entidad y autoridad efectiva y semántica en el tránsito de la contundencia de la expresión “gobernador civil” a la mucho más inocua de subdelegado. Es también muy cierto que la reforma de las fuerzas armadas y la supresión del servicio militar obligatorio han acabado con los gobiernos militares.

Estas reformas evidentes podrían ser un claro desmentido de los asertos iniciales. Pero hoy no sólo subsiste y resiste sino que resucita una reivindicación de fondo y de forma del contexto estatal. Parece como si la cesión de competencias a otras administraciones, autonómicas o locales, pueda ser una desmembración irreversible, una mutilación del cuerpo místico. Algunas de estas resistencias son meramente inerciales, acomodaticias, burocráticas, un salvavidas para un determinado modelo funcionarial y de vida. Pero hay más; se esgrime el señuelo de la modernidad y el progreso para poner coto al proceso descentralizador. Se huye de las referencias a los modelos federales como quien huye del diablo; se alerta sobre los riesgos de la fragmentación del poder, se dramatiza desde la confusión sobre unas esencias que no son más que superestructura administrativa.

En este afán por evitar su pérdida de peso, el Estado se ha reservado el poder básico: el acceso y el control de la información. Información es poder. Y existe una información básica, esencial, fundacional: la capacidad de recuento. El Estado se reserva celosamente las facultades de inventario y recuento de la riqueza y la población. Los catastros y los censos tan próximos, tan terrenales, y al mismo tiempo tan lejos, tan fuera del alcance de quienes conocen la realidad de primera mano.

Dejo para otro momento todos los episodios, algunos muy pintorescos, en torno al inventario de la riqueza rústica y urbana. Lo cierto es que hoy por hoy los padrones dejan mucho que desear y nos alejan de la fidelidad fotográfica que sería exigible para darnos una visión sólo aproximada y borrosa de esta riqueza. En perjuicio de las arcas municipales que tienen por ley en el Impuesto sobre bienes inmuebles una de sus bases de ingresos más sólidas, y en detrimento, claro está, de la pretensión del Estado de controlar de cerca esta información sobre la que se sustentan la mayoría de las figuras fiscales existentes.

Hoy conviene que fijemos nuestra atención sobre el Censo de la población de España cuya tradición decenal alcanza casi el siglo y medio de vida. Durante unos meses los agentes censales debían haber peinado el territorio para fijar de la manera más exacta posible y con el máximo número de datos posible la cifra de población de España y de todos sus pueblos y ciudades. Cabe destacar la paradoja que desde que se decidió suprimir la renovación anual de los padrones municipales y se optó por la actualización permanente, el censo es un ejercicio que sería posible por simple adición de los resultados padronales.

Pero no. El Estado, por su cuenta, a través del Instituto Nacional de Estadística quiere hacer comprobaciones cada diez años. No se fía de los demás. Éste es un resorte que no se puede abandonar. No se entiende sin embargo que si tan clara parece la pretensión resulten tan precarios los medios para alcanzarla.

Complejidad de los cuestionarios, falta de recursos materiales y humanos, escasa preparación de los agentes censales, son algunas de las causas que explican el fiasco del recuento. En una primera aproximación y con referencia a los padrones del último año, el censo acusa un retroceso en las cifras de población ¿España pierde habitantes? No, claro. Los pierde el Instituto Nacional de Estadística que no se muestra capaz de dirigir, impulsar y controlar un proceso de recuento que debiera ser ejemplar.

Si el Estado pierde población, si no controla de forma fiable, su contingente demográfico no debería sorprendernos que algún día pierda también la cabeza. Todo sea en beneficio de la petrificación  de su propia existencia y en perjuicio de las administraciones de proximidad que asisten atónitos a un espectáculo esotérico.

A las puertas de la Convención, los Estados se disponen a resistirse mancomunadamente a ceder prerrogativas. La federación de los Estados-nación se dibuja como la garantía frente a las fuerzas centrífugas del mosaico de la diversidad europea. Olvidan, sin embargo, que si ya no controlan ni su población y no permiten que otros lo hagan están reclamando fórmulas del pasado y no se dan cuenta que los Estados ya no son lo que fueron, y deberán ser distintos en el futuro.

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